La ley de eutanasia aprobada en primera instancia por el Congreso de los Diputados de España fue aprobada el jueves 11 de marzo por el Senado. Las únicas enmiendas aceptadas radicalizan aún más el texto legal, que hará posible que accedan al suicidio asistido no solo los enfermos terminales sino otros enfermos con un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante».

Con el voto en contra de PP, UPN y Vox y la abstención del Partido Aragonés, la ley vuelve al Congreso de los Diputados después de que el PSOE admitiera algunas enmiendas al texto.

Por ejemplo, se permitirá el acceso de los médicos al registro de últimas voluntades del paciente para poder ejecutar la eutanasia sin necesidad de tener que consultar con los familiares en caso de que dicho paciente no pueda manifestar su conformidad con el acto médico que acabará con su vida.

También se facilitará la tramitación de las solicitudes recortando os plazos previstos, tal como proponían Junts per Cat y Coalición Canaria.

Tanto el PP como Vox han reivindicado la mejora de los cuidados paliativos frente a la eutanasia, han denunciado que no se hayan pedido informes a órganos consultivos y han criticado aspectos concretos de la propuesta, como la obligación de que los médicos objetores de conciencia se inscriban en un registro o la consideración de «muerte natural» la provocada por la eutanasia. Varios senadores partidarios de la ley recordaron al Partido Popular cómo se habían opuesto al divorcio, al aborto y a la unión civil entre personas del mismo sexo, para luego asumir todas esas leyes.

Crítica contundente de Geroa Bai a pesar de su apoyo a la ley

Pese a contar con el apoyo de una amplia mayoría, varios grupos parlamentarios (ERC, Ciudadanos, Geroa Bai, Junts per Cat, PNV) reprocharon al Gobierno la «deficiente tramitación» de esta proposición de ley, que convertirá el «derecho a morir» en una prestación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). El más crítico fue el portavoz del Grupo de Izquierda Confederal, Koldo Martínez (Geroa Bai), quien recordó al Gobierno «la escasa seguridad jurídica» de la nueva normativa. «La ley es deficiente, está redactada con muy poca calidad y lleva a una enorme confusión», aseguró.

Según subrayó, el actual articulado además no especifica quién será el responsable de inyectar al paciente el fármaco letal. «Nosotros proponíamos que fuera el denominado médico responsable y lo hacíamos por considerarlo importante en sí mismo y también para saber quién puede hacer objeción de conciencia», explicó este senador, que ha trabajado como médico intensivista durante más de veinte años. Durante su intervención, el senador anunció que los propios miembros del PSOE le revelaron que «el agente último en ejecutar la eutanasia será el personal de enfermería».

 

Koldo Martínez, cuyo grupo votó a favor de la nueva regulación, también se mostró absolutamente en contra de que se permita al médico presentar la solicitud de eutanasia, al considerar que es «absolutamente discordante con la afirmación del derecho personalísimo sobre el que se fundamenta la ley».

No solo para enfermos terminales

Entre las enmiendas aceptadas figuran las condiciones que debe cumplir quien quiera solicitar la eutanasia. Queda establecido así:

«Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable».

Con dicha enmienda se busca asegurar, por ejemplo, que personas tetrapléjicas puedan solicitar que se les quita la vida.

La ley se aprobará con casi total seguridad la semana que viene en el Congreso.